MAR DEL PLATA.- La sede del Sindicato de la Actividad Naval de Mar del Plata (Sanam) no ostenta poder sindical. Walter Castro, el secretario general del gremio -un desprendimiento del SAON- y dos de sus colaboradores, son los únicos presentes en el modesto local de la Av. Juan B. Justo 330. Castro es también uno de los socios del Astillero Unión, uno de los permisionarios del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata desde julio de 2013. Desde entonces, su vida y la de los trabajadores del astillero es un calvario político. Martín Vinart, anterior dueño del astillero, se reunió un día con los trabajadores y les dijo que la situación no daba para más, que entraría en concurso preventivo de crisis y que tenía que echar a los 50 trabajadores. Castro, con otros trabajadores, le pidió que no lo hiciera. "Le dijimos que nos hacíamos cargo, que íbamos a salir a buscar trabajo. Nos propuso que nos quedemos con el astillero a cambio del pasivo con empresas pesqueras y la AFIP. Dijimos que sí, y pusimos como condición la resolución del permiso de uso, porque la cesión de la empresa se hizo el 1° de julio de 2013 y el permiso de uso había vencido el 13 de marzo de 2013. Vinart nos dijo que estaba todo presentado en el Consorcio para renovar el permiso. El Consorcio todavía no se había expedido: tenía el seguro de caución y siguió cobrándonos el canon. A partir de ahí empiezan los problemas. Primero nos desconocen como dueños. Después nos mandan una resolución que nos impedía trabajar porque era inminente la resolución de desalojo. Deliberadamente, sin orden de desalojo, dejan de facturarnos el canon, licitan nuestro predio, nos hacen la vida imposible", destacó Castro en diálogo con LA NACION. "Le presentamos un proyecto de construcción de draga de corte, que costaba alrededor de US$ 500.000. Hasta le dimos la idea de que tomaran a los deudores del consorcio, que se repartieran el trabajo y quedaba una draga en el puerto de Mar del Plata. No nos dieron bola. Y tenemos esta engrampadora [N. de la R.: la provincia y a Nación aportaron 105 millones de pesos en partes iguales en la licitación de una draga que no es de corte]", dice Castro, señalando en dirección al puerto.
-El Consorcio aduce que nunca recibieron dicha propuesta.
-Si reconocen haberla recibido, y no hicieron nada, implica reconocer un error grosero, una negligencia.
-¿Están denunciando una persecución?
-Totalmente. Es una pelea constante. Un máquina de impedir. Por ejemplo, le presentamos al Consorcio un pedido para remover un buque hundido, a nuestro costo, para poder trabajar. Nos dijeron que no. Tenemos otro contrato para reparar cuatro buques, pero el Consorcio no nos autoriza a que entren porque tenemos vencido el título de ocupación de la parcela 28 A. Hay un hombre muy poderoso que quiere aplastar a todos los talleres y astilleros chicos y quedarse como única opción. Pasó en el Norte, con Campana, en el Sur con Caleta, en la capital con Tandanor...
-¿A quién se refiere?
-A Tettamanti (Horacio, subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, y dueño de Servicios Portuarios Integrados SPI). Cuando adquirimos el paquete accionario de Astillero Unión, demostramos que nuestra matriz presupuestaria es sensiblemente más económica. Y no sirve que esto trascienda.
-¿Usted dice que son más baratos que la competencia y por eso los quieren hacer a un lado?
-Le doy un ejemplo. Hubo una licitación pública del Inidep para el mantenimiento de un año de la flota. Nosotros ofertamos $ 3 millones por 18.500 horas de trabajo, subcontratando a los talleres más caros de Mar del Plata. SPI cotizó 9,6 millones de pesos más 1,6 millón de materiales. Ganamos la licitación. Pero días después llega una nota del Inidep reclamando un libre deuda fiscal ante la AFIP. Todo Mar del Plata sabe en las condiciones en que tomamos la empresa, con $ 1,2 millón de deuda de impuestos, y la fuimos levantando. Hoy nos quedan $ 400.000, pero si no nos dejan trabajar, no puedo saldarla y tengo que despedir a los trabajadores. No se entiende la política del Gobierno, cuando sostiene que su bandera es sostener los puestos de trabajo. Nos presentamos en una licitación donde el Estado encima ahorra plata, y no nos dejan trabajar.El contrato del Inidep equivale a 60 meses de pago del canon a valor actual. A eso hay que sumarles los trabajos que hacemos para Vaca Muerta. Tenemos dos barcos para reparar por $ 2,5 millones, pero el Consorcio nos pidió por escrito que nos abstengamos de repararlos.
-El Consorcio señala que ustedes no presentaron garantías para los trabajos.
--El 13 de marzo de 2013, cuando se vence el permiso de uso de Astillero Unión, que todavía estaba a cargo de Vinart, el Consorcio tenía todos los papeles que le exige a un permisionario sobre la mesa. Seguros de caución incluidos. Pero no se definió sobre el permiso de uso, ni desalojó al astillero. Cuando nos hicimos cargo no habían resuelto nada.
-¿En qué situación encontraron el astillero?
-El astillero había resultado ganador de un contrato con Venezuela de entre US$ 75 y 80 millones para la construcción de buques pesqueros. Ya estaba ganada cuando entramos, con un memorándum de acuerdo rubricado por una apostilla de Cancillería.
-¿No alcanzó eso para que el Consorcio los dejara trabajar? ¿No tienen otra cartera de trabajos?
-Hay una necesidad manifiesta de sacarnos. El Consorcio jamás se expidió sobre el permiso de uso vencido, pero siguió cobrándonos el canon. Después, deliberadamente, quisieron dejarnos de cobrar.
--De nuevo, la versión del Consorcio difiere, dice que tienen deudas en el pago...
-Tuvimos que ir con un escribano para hacer constatar que no nos querían cobrar. Nos piden el desalojo, pero otros astilleros no pagan el canon desde 1993 y también tienen el permiso de uso vencido. Están las actas del Consorcio. Ahí se ve que Terrena (empresa de SPI) nunca pagó el canon ni removió los buques hundidos, obra que prometió hacer a cambio de no pagar el canon. El hecho es que todos los papeles los llevaron a La Plata, para que los órganos de la Constitución se expidan sobre los permisos. Pero mientras el resto puede seguir trabajando, a nosotros nos hostigan. Y llaman a licitación por algo que es nuestro.
-¿Cómo es eso?
-Licitaron nuestro espacio sin habernos desalojado. No estaríamos discutiendo si el 13 de marzo de 2013, nos hubieran desalojado cuando se venció el permiso de uso, y se hubieran hecho cargo de las 50 familias del Astillero Unión. Pero no lo hicieron, En julio cambió la composición accionaria de la empresa y los trabajadores nos hicimos cargo. Con inscripción en la IGJ incluida. Pero un sindicato muy alineado con el subsecretario nos hace una carpa en la puerta del astillero, y no nos deja entrar. El interventor del consorcio (Matías Machinandiarena) dice que no podemos ser dueños del astillero... Pero un mes después saca una resolución que señala que se confirma que somos dueños del astillero, pero que vamos a tener que ir a licitación por el espacio.
-Bueno, el astillero podrá ser deustedes, pero la tierra es fiscal.
-Insisto. No hubo orden de desalojo. Lo que hay son inconsistencias permanentes. Nos presentamos, en un momento, para hacer la restitución voluntaria del predio. Sabíamos que peleábamos con intereses muy fuertes. Teníamos una carta para jugar con la Armada, así que decidimos devolver el predio. El consorcio inventarió y se dio cuenta que, encima, habían más cosas que cuando se hizo el permiso de uso. Incomprensiblemente, al otro día nos mandan una carta documento para que nos fuéramos. Cuando nos habíamos presentado voluntariamente para retirarnos.
-¿A qué se refieren con la carta de la Armada?
-La Armada tiene un varadero abandonado. Como no queríamos seguir con el desgaste del Consorcio, pedimos una reunión en la Armada y el Ministerio de Defensa para presupuestarles poner en valor el varadero y trabajar allí a cambio de algunos años de plazo. Sabíamos que otro astillero importante de Mar del Plata le había cotizado por la reparación de dos remolcadores 4,6 millones de pesos. Le dijimos a la Armada que por esa plata se los podíamos hacer nuevos, porque nuestra matriz presupuestaria es más baja, nuestra ecuación económica es diferente. Somos más baratos y ganamos plata igual, pagando sueldos de convenio. Habíamos gestionado ya un crédito reembolsable con Industria para hacer el galpón, que le quedaría a la Armada después. Pero tampoco nos dieron bola. Para que quede claro, presupuestamos $ 120 la hora de trabajo, que es 4,6 veces menos que lo que cotizó la hora SPI al Inidep. La Armada, en lugar de poner en valor un varadero propio, sube a reparar los remolcadores y submarinos al dique Mossdok de SPI, que pertenece a un funcionario nacional
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