Por: Edgardo Aguilera
La licitación pública que lanzó el Gobierno para alquilar un buque polar, dos helicópteros y un avión destinados al sostén logístico tuvo dos oferentes: Transport & Services, que representa al grupo holandés Spliethoff, ya en la recta final, y Trade Baires International, empresa local que ganó todas las licitaciones ofreciendo el buque polar ruso Vasily Golovnin desde que en 2007 el rompehielos Irízar quedó inutilizado por un incendio.
La letra del pliego básico de condiciones establece: «El alquiler de un buque rompehielos clasificación A1A, un buque de alta clasificación A2A (buque polar) para hielos y dos helicópteros pesados con capacidad de carga mínima de 3.500 kilos y deseable de 5.000 kilos. El arriendo comprende los días de traslado desde el puerto de origen más la estadía en muelle local de carga y 35 días en zona de operación antártica».
Transport & Services -supuesta firma nacional, presentó domicilio para pago de transferencias bancarias en Uruguay, a favor de Assaine SA- ofreció el buque Timca de bandera holandesa. Acreditar que se cuenta con el material (buque y helicópteros) para el arriendo y que la empresa es solvente son puntos vitales porque la inadmisibilidad de la oferta opera de plano si el interesado no puede probarlo. Esta firma, a punto de quedarse con la licitación, cotizó por más de 48 millones de pesos y la certificación contable del Ministerio de Industria (pyme) que obra en el expediente muestra que el monto de ventas de 2009, 2010 y 2011 es de un promedio de un millón de pesos.
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El Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto (EMC), a cargo del brigadier Humberto Trisano, es responsable de planificar, dirigir y ejecutar la actividad logística antártica según lo establece el Decreto Nº 11.798/2008. Es el organismo asesor que vuelca la experiencia acumulada en las campañas para orientar qué capacidad operativa (buques, helicópteros, etc.) se necesita para abastecer la totalidad de bases y destacamentos del sistema antártico, y define la licitación. Por el monto en juego, algo más de 40 millones de pesos, la Ley de Contrataciones Públicas obliga la intervención del ministro Arturo Puricelli y del jefe de Gabinete,Juan Manuel Abal Medina.
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