De competencia desleal y favores inconfesos
La empresa del Subsecretario de Puertos y Vías Navegables tiene el permiso de uso sobre el muelle 7 del puerto local vencido desde diciembre del año pasado. Nunca hizo las obras comprometidas ni retiró los buques hundidos en el sector. La protección de Pezzati desde el Consorcio.
Por ROBERTO GARRONE | Fotos de archivo
El permiso de uso que tiene la empresa Terrena SA, sobre una superficie de 2634 metros cuadrados en el espigón 7 del puerto de Mar del Plata caducó el pasado 23 de diciembre de 2012 y el Consorcio Portuario analiza cómo prosigue la relación con un permisionario que no cumplió en nada el plan de inversiones propuesto cuando se le dio el permiso.
La información fue confirmada por tres fuentes diferentes consultadas por REVISTA PUERTO. La Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires ya estaría al tanto de la situación de Terrena y analiza los pasos a seguir.
Terrena no es una firma más entre los permisionarios del Consorcio Portuario en la estación marítima local. Es una empresa controlada por Servicios Portuarios Integrados –SPI Astilleros-, propiedad de Horacio Tettamanti, actual subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Tiene amarrados el Mossdok I y Mossdok 2000, los dos diques flotantes con los que presta servicio de reparaciones a armadores locales, nacionales e internacionales.
Terrena desembarcó en el puerto marplatense en los albores de este siglo. En diciembre del 2001 se le otorgó a la firma un permiso de uso no exclusivo por el término de diez años en el Espigón 7 para conformar una terminal de prestaciones de servicios, reparaciones y alistamiento de buques. Como contraprestación debía hacer inversión de 1.750.000 pesos (dólares).
En diciembre de 2002 se suscribe el acta de tenencia. Terrena tenía como obligación realizar el plan de inversiones, que incluía proceder al desguace y disposición final de los buques Latar II y Kronomether.
La década pasó, el permiso venció pero la empresa de Tettamanti no realizó las obras prometidas. Pese a no tener uso exclusivo, la garita que montó en la entrada del muelle impide que cualquier persona/empresa pueda ingresar sin su autorización. Los barcos ahora están siendo removidos pero porque el gobierno nacional invirtió 22 millones de pesos en una obra que también incluyó al Tehuelche, hundido sobre la Escollera Norte.
La excusa que encontró Terrena para no retirar los buques inactivos de su zona de operaciones y por ende, no realizar las inversiones de obra sobre el Espigón 7 fue que ambos buques estaban interdictos por la Justicia. Dichos argumentos fueron rechazados por las administraciones del Consorcio. En junio de 2005 el Consorcio elaboró dictámenes técnicos y jurídicos en los que determina la responsabilidad de Terrena.
“Debería o bien concretar las anteriores (obras comprometidas) o en su caso abonar el canon de ocupación que no se cobró precisamente por “compensación” de las obras que iba a concretar y no llevó a cabo, máxime que usufructuó al fin de cuentas el espacio cedido. Además, y dado que no había abonado la deuda previa al permiso y cuyo pago devenía en prestación esencial, debía intimársele bajo apercibimiento de caducidad del permiso”.
En octubre del 2006 Terrena presenta un nuevo proyecto de inversión, el cual es rechazado por las distintas áreas del Consorcio, que se toma un tiempo considerable para comunicarlo. Esto ocurre en octubre del 2008. La situación ya eran otra: Tettamanti formaba parte del mismo gabinete del Intendente Gustavo Pulti, quien había colocado a su amigo Eduardo Pezzati al frente del organismo portuario.
Sin cumplir con el plan de obras ni inversiones, directivos de SPI se reúnen en enero de 2009 con Pezzati y compañía para analizar nuevas futuras inversiones. Una delegación rusa propiciaba la instalación de muelles flotantes, obviamente para el Espigón 7 de modo de ganar más espacio en el interior del puerto. La iniciativa no prosperó.
En noviembre de 2010 Terrena vuelve a presentarse al Consorcio para que reconsideren las modificaciones sugeridas o las aprobadas, casi una década atrás, con las actualizaciones correspondientes. Proponen un pago extraordinario de 300 mil pesos, pagaderos en 36 meses con el 12% de interés anual sobre saldos. En el Consorcio ayer hablaban de una deuda actualizada de casi 2 millones de pesos.
En febrero del 2011 el Consorcio entendió que debía profundizarse el análisis de cómo regularizar la situación de Terrena y dispuso la creación de una Comisión Abierta integrada por Directores y Consultores del ente. Delegaron a la Presidencia del Consorcio la citación a una reunión en la fecha y horario que estime conveniente. ¿Cuándo se reunió dicha Comisión?... adivinó: nunca. La protección de Pezzati seguía rindiendo sus frutos.
En junio de ese año Terrena formula una propuesta desvergonzada. Pide un plazo nuevo de diez años que se compute a partir de la aprobación del proyecto y a partir del retiro de los buques hundidos Latar II y Kronomether. El punto de partida para correr con el plazo de 365 días estipulado para inicio de obras, considerando dicho período como “de gracia, excluyéndolo de los 10 años de vigencia solicitados”.
Hace unos días Horacio Tettamanti formuló declaraciones al diario El Atlántico, donde calificó al trabajo de la draga 259 C Mendoza en el puerto de Mar del Plata, como una “contribución patriótica”.
Mucha curiosidad despierta saber cómo calificará el desempeño de su terminal de reparaciones navales en el Espigón 7 del puerto marplatense. Al igual que el desempeño de la draga, ahora bajo su órbita, de “contribución patriótica” no tiene nada.
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